Mexicano en peligro continúa retenido en Honduras

El mexicano Gustavo Castro se encontraba en la casa de la activista hondureña Berta Cáceres cuando fueron atacados por personas armadas el pasado 3 de marzo en el poblado La Esperanza, ubicado a 200 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras. Berta murió y Gustavo quedó herido. Algunos reportes señalan que pudieron haber participado hasta 11 personas en el ataque.

Berta Cáceres era una ambientalista, líder de la comunidad indígena Lenca, la mayor de Honduras. Fue fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual se opuso a proyectos hidroeléctricos que inversionistas internacionales pretendían construir en la región. Por ello, Berta realizó varias acciones para no permitir lo que la comunidad consideraba una serie de privatizaciones.

Debido a su labor política encaminada a la defensa de los derechos ambientales e indígenas, Cáceres había sido amenazada de muerte en varias ocasiones.

Gustavo Castro, coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas A.C. fingió estar muerto para que los agresores se retiraran. Horas después fue retenido por las autoridades hondureñas para que declarara respecto a lo sucedido. Hasta el día de hoy no ha podido salir del país debido a una orden migratoria que lo obliga a permanecer ahí por aproximadamente otros 30 días, tiempo en el cual se espera que siga declarando en calidad de testigo.

En una carta pública firmada por Castro se lee: "vi morir a Berta en mis brazos, pero también vi su corazón en cada lucha que el Copinh ha realizado".

Además, el activista señala que las autoridades de aquel país han alterado la escena del crimen y pretenden que el asesinato se presente ante la opinión pública como una cuestión de pugnas internas y no como una venganza por su labor en contra de las privatizaciones de las empresas hidroeléctricas.

"Temo por mi vida, porque los sicarios saben que no morí, y tal vez pretendan terminar con su tarea. Las autoridades me han mostrado fotos para intentar ubicar a los asesinos de Berta, pero en ninguna de éstas se muestran los rostros de los dueños de las empresas o sus matones", expresó.

En ese sentido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó medidas de seguridad para el mexicano. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ofreció apoyo consular a su ciudadano y pidió al gobierno de Honduras que brinde las facilidades para que Castro pueda regresar lo más pronto posible a su país.

Las autoridades mexicanas señalaron que el objetivo es que Castro pueda seguir colaborando con las investigaciones sobre el asesinato de Cáceres desde México, tal como se asienta en los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países para facilitar la asistencia jurídica mutua en algún proceso penal.

Este sábado 12 de marzo, organizaciones sociales, religiosas e indígenas, con sede en el estado sureño de Chiapas, México, solicitaron mediante un comunicado el traslado inmediato a suelo mexicano de Gustavo Castro. "Exigimos al gobierno de Honduras que cumpla con su promesa de levantar la alerta migratoria que pusieron en su contra. De la seguridad e integridad física y psicológica hacemos responsables a los gobiernos de México y Honduras".

Señalan además que la justicia hondureña debe de seguir una línea de investigación hacia la empresa que ha presionado a los indígenas del Copinh para arrebatarles sus tierras e inundarlas con la obra de la represa hidroeléctrica, "ese es el móvil del asesinato de la compañera indígena Berta Cáceres y el intento de asesinato del compañero Gustavo castro", argumentan.

El 9 de marzo pasado, en el sitio web del Copinh se emitió un comunicado en el que se asienta que a partir de la entrada en operaciones del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, desarrollado por la empresa DESA en territorio de la comunidad Lenca, hubo un incremento en el hostigamiento, las amenazas, la persecución, y la criminalización contra Berta, su familia e integrantes del Copinh; pero a pesar de que esta situación se denunció, las autoridades no adoptaron las medidas suficientes para protegerlos.

Por lo anterior, exigen que se cancele la concesión otorgada a dicha empresa y otras similares que operan en territorio Lenca. Así como la desmilitarización de la zona y el respeto a su autonomía y sus formas de autogobierno indígena.

Cáceres no es la única activista ambiental asesinada en los últimos años en Honduras. De acuerdo con la organización Global Witness, ese país centroamericano tiene la cifra más alta de defensores del medio ambiente asesinados: 111 entre 2002 y 2014.

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